Pedro Sánchez y su nueva treta: aprobar un decreto por la diputación permanente. ¿Es posible y legal?

 

Para determinar si este procedimiento es legal o si incurre en alguna irregularidad, es fundamental distinguir la técnica jurídica (lo que dice la Constitución) de la controversia política e interpretación doctrinal sobre su uso.

1. Marco legal: ¿Es legal que la Diputación Permanente convalide un Decreto-Ley?

Sí, es un procedimiento previsto y 100% legal en el texto constitucional.

• Quién aprueba la norma: Los Real Decreto-leyes los dicta el Gobierno (en el Consejo de Ministros) en situaciones de «extraordinaria y urgente necesidad» (Artículo 86.1 de la Constitución Española).

• Función del Congreso/Diputación: Ni el Congreso ni la Diputación Permanente «aprueban» el decreto de origen; lo que hacen es convalidarlo o derogarlo en un plazo de 30 días tras su publicación en el BOE.

• El papel de la Diputación Permanente: El artículo 78.2 de la Constitución y el artículo 151 del Reglamento del Congreso atribuyen de forma explícita a la Diputación Permanente la facultad de convalidar o derogar Decretos-Leyes cuando las Cámaras están disueltas o ha expirado su mandato.

2. Los matices jurídicos y la controversia del caso actual

Aunque la herramienta es plenamente legal, existen condicionantes legales estrictos y debate sobre su posible abuso formal:

A. La prohibición de «revivir» un decreto rechazado

El Gobierno no puede volver a presentar exactamente el mismo texto que el Pleno del Congreso ya tumbó para que lo vuelva a votar otro órgano. Una vez derogado en el Congreso, esa norma está extinta. Para llevarlo a la Diputación Permanente, el Gobierno debe redactar un Real Decreto-Ley completamente nuevo (con ajustes o cambios en el texto) y justificar nuevamente la «extraordinaria y urgente necesidad».

B. El debate sobre el «Fraude Constitucional» o de Ley

Diversos juristas, constitucionalistas y partidos de la oposición señalan que utilizar la Diputación Permanente para sacar adelante un texto sustancialmente idéntico al derogado en el Pleno aprovecha una alteración en las mayorías de dicho órgano (donde los equilibrios de escaños son distintos a los del Pleno del Congreso).

Quienes critican esta práctica sostienen que:

• Se fuerza el espíritu institucional al usar un órgano pensado para periodos de interregno/disolución parlamentaria como un «atajo» frente a la voluntad expresada por el Pleno de la Cámara.

• Podría interponerse un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional si se considera que falta la causa de «urgente necesidad» o que se incurre en fraude de ley.

Conclusión

Aprobar un nuevo Decreto-Ley y someterlo a la convalidación de la Diputación Permanente es legal y constitucionalmente impecable en la forma, siempre que se apruebe un texto nuevo y las Cortes estén en periodo de disolución o fuera de sesiones. Sin embargo, utilizar este recurso de forma instrumental para eludir una derrota parlamentaria previa suscita un fuerte debate sobre la ética institucional y su encaje con el espíritu de la Constitución.

EL ESPÍRITU DE LA LEY NO ES ESE, Y ES LO QUE EN UN PROCESO JUDICIAL SE VALORA FINALMENTE.

EL ÚLTIMO INTENTO DE DE HACER OTRA PICIA SALTÁNDOSE A LOS JUECES.