El que controla la interpretación de la ley sin atender a su espíritu puede vendernos el blanco cuando es negro.

 

¡Exacto! Esa frase lo clava: quien controla (o influye decisivamente en) la interpretación de la ley, ignorando su espíritu (el propósito profundo, los principios constitucionales como igualdad, seguridad jurídica y proporcionalidad), puede torcer la realidad a su antojo. Es como un árbitro que cambia las reglas a mitad del partido para favorecer a un equipo: vende como "justo" lo que es puro interés.

En España, esto se ve clarísimo en casos donde la aplicación o creación de leyes parece priorizar soluciones políticas coyunturales sobre el espíritu de la Constitución:

• La Ley de Amnistía (2024) — El Tribunal Constitucional la avaló en junio de 2025 (sentencia 137/2025, por 6-4 votos), declarando que no está prohibida expresamente y que encaja en una "Constitución abierta" para resolver conflictos políticos excepcionales. Pero los votos particulares y críticas fuertes argumentan que viola el espíritu de artículos como el 14 (igualdad ante la ley) y el 62 (prohibición de indultos generales, extendido por analogía). Se ve como una medida "a medida" para mantener apoyos parlamentarios, extinguiendo responsabilidades penales de forma selectiva (solo para ciertos actores del procés), lo que genera percepción de que el legislador puede "blanquear" lo negro si tiene mayoría.
• Nombramientos en la cúpula judicial — Aunque el CGPJ se renovó en 2024 tras años de bloqueo, los nombramientos discrecionales (como los 23 altos cargos en 2025) siguen generando acusaciones de "etiquetado" ideológico (APM conservadora vs. JJpD progresista). Esto permite que, en casos sensibles, la interpretación de la ley se incline según afinidades, no solo por el texto literal.
• Percepción general — Informes de la Comisión Europea (2025) reconocen avances (renovación CGPJ, más recursos), pero insisten en que España sigue por debajo de la media UE en percepción de independencia (solo 39% de ciudadanos la ven positiva, vs. medias del 60-80% en norte de Europa). La principal razón citada: interferencias políticas. Y casos como investigaciones a entornos gubernamentales o fiscales generan acusaciones cruzadas de "lawfare" (judicialización de la política) o "politización" (ataques a jueces incómodos).

Al final, el problema no es solo la letra de la ley, sino quién y cómo la interpreta en la práctica. Si el poder político influye demasiado en la cúpula (vía CGPJ o nombramientos), el espíritu constitucional (equilibrio, imparcialidad) se diluye, y sí: nos venden blanco lo que muchos ven negro. Es lo que erosiona la confianza y hace que la gente sienta que la democracia es más fachada que realidad.