¿Por qué la administración española no dota presupuesto suficiente para gestionar y ampliar la masa forestal como medio básico para proteger el medio ambiente y crear empleo?
Razones de la insuficiente dotación presupuestaria para la gestión y ampliación de la masa forestal en EspañaLa gestión forestal en España, que incluye la prevención de incendios, reforestación, conservación de la biodiversidad y lucha contra plagas, es fundamental para la protección ambiental y la generación de empleo rural (alrededor de 33.500 puestos directos, según Eurostat). Sin embargo, el presupuesto asignado por el Gobierno central ha sido insuficiente durante años, con una partida congelada en 91 millones de euros anuales para 2023-2025 en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), lo que representa solo el 0,4% del gasto público total, por debajo de la media europea (0,5%). Esta situación ha contribuido a que 2025 sea el año más devastador por incendios forestales en décadas, con más de 343.000 hectáreas quemadas hasta agosto.A continuación, detallo las principales razones, basadas en informes oficiales, análisis de expertos y datos presupuestarios recientes. Estas explican por qué, pese a estrategias como la Estrategia Forestal Española Horizonte 2050 (que prevé 2.637 millones para 2021-2030, con énfasis en prevención), la ejecución real es limitada.1. Priorización de la extinción sobre la prevención y gestión sostenible
- El grueso del presupuesto forestal (alrededor del 70-80%) se destina a la extinción de incendios (417 millones anuales desde 2009), en lugar de a la gestión proactiva. Esto refleja un modelo reactivo, criticado por expertos como ingenieros de montes, que insisten en que la prevención es más rentable a largo plazo.
- Razón subyacente: La extinción ofrece resultados visibles y inmediatos (medios aéreos, brigadas), mientras que la gestión (limpieza de monte, reforestación) requiere inversión continua y genera menos impacto mediático. El Plan Forestal 2024-2033 reconoce esta descompensación, pero no la corrige con fondos adicionales, limitándose a metas sin partidas concretas.
- España ha prorrogado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 por tercer año consecutivo (2024 y 2025), debido a la falta de apoyos parlamentarios para nuevas cuentas. Esto congela partidas como la de gestión forestal, impidiendo incrementos pese al aumento del 29% en fondos para extinción en 2025.
- Contexto: El Gobierno busca reducir el déficit público al 2,8% del PIB en 2025 (frente al 3,2% de 2024), asumiendo todo el ajuste fiscal central para dar margen a autonomías y ayuntamientos. Esto limita nuevas inversiones, priorizando estabilidad macroeconómica sobre sectores como el forestal. Además, recortes post-crisis (2009-2022) han reducido la inversión en prevención un 51%, de 364 a 176 millones anuales.
- De los 401 millones del Plan de Recuperación (Next Generation EU) para gestión forestal y prevención, solo se han ejecutado 80 millones (20%) hasta junio de 2025. En la primera mitad del año, solo fluyeron 2,7 millones de los 70,9 previstos.
- Razones: Complejidad administrativa, falta de coordinación entre Estado y comunidades autónomas (que gestionan el 70% de competencias forestales), y retrasos en formalización de proyectos. El Estado asume el 93% del presupuesto nacional, pero critica a las autonomías por "escurrir el bulto", generando tensiones que paralizan la ejecución.
- El 68% de los montes son privados, pero el abandono rural (despoblación, envejecimiento) reduce la mano de obra cualificada y el interés en la gestión activa. España, tercera potencia forestal de la UE (28,5 millones de hectáreas), genera menos valor añadido que países como Suecia o Estonia debido a baja tala (45,9 millones m³ de crecimiento anual vs. extracción limitada) y escasa bioeconomía (madera, productos no alimentarios).
- Esto desincentiva inversión pública: sin rentabilidad, no hay presión para ampliar masas forestales. Expertos señalan una "opinión pública contraria a la gestión forestal" (por visiones románticas del monte "salvaje") y amenazas como desertificación y plagas agravadas por el cambio climático.
- Solo cuatro autonomías (Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Baleares) publican datos detallados sobre prevención vs. gestión, dificultando una estrategia nacional. Greenpeace y ASEMFO denuncian opacidad, lo que impide evaluar y ajustar presupuestos.
- Además, la reforma de la Ley de Montes (2025) ha generado conflictos sobre competencias (extinción vs. prevención), paralizando planes conjuntos.
Aspecto | Presupuesto 2009 | Presupuesto 2022/2025 | Caída (%) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
Prevención y gestión forestal | 364 M€ (prevención) + ~1.000 M€ (total cuidado) | 176 M€ (prevención) + 91 M€ (gestión estatal) | 51% (prevención); 26% (total) | ASEMFO, MITECO |
Extinción de incendios | 417 M€ | 417 M€ | 0% | PGE prorrogados |
Fondos UE ejecutados (2021-2025) | N/A | 80/401 M€ | 80% pendiente | AIReF |










