Las cuatro medidas básicas para que un gobierno busque el bien común.




 1. Independencia real de la justicia y cuerpos de seguridad del Estado

Este es el más urgente y el más bloqueado. La percepción ciudadana de independencia judicial sigue siendo muy baja (España está entre los peores de la UE en encuestas), y el CGPJ lleva años en interinidad o en tensión. La Comisión de Venecia (2025) avaló claramente la opción de elección directa por los jueces para los vocales judiciales (opción 1 del informe del CGPJ), rechazando la participación parlamentaria directa en ellos para evitar politización. Hay propuestas registradas (como la del PP en 2025) alineadas con esto, pero falta consenso amplio.
Mi primera acción concreta:
  • Aprobar en los primeros 6 meses una reforma constitucional mínima (o ley orgánica con mayorías reforzadas) que adopte la elección directa por pares para al menos el 60-70% de los vocales judiciales, con avales y filtros contra capturas internas.
  • Para seguridad: mandatos fijos de 5 años en mandos policiales (no coincidentes con legislaturas), con evaluación por comisión independiente (incluyendo sindicatos y expertos). Penalizar explícitamente injerencias políticas con inhabilitación inmediata.
    Esto blindaría el seguimiento de cualquier promesa o gasto irregular.
2. Transparencia real de los gastos del Estado (accesible con pocos conocimientos)Actualmente existe el Portal de Transparencia y el Portal de la Administración Presupuestaria (PAP), con datos de PGE, ejecución presupuestaria y gastos por capítulos/organismos. Pero es cierto que no es intuitivo: requiere navegar menús técnicos, PDFs pesados y no hay un "dashboard" ciudadano amigable con visualizaciones simples (gráficos, alertas, comparativas).Mi versión mejorada:
  • Crear un "Presupuesto Ciudadano" integrado en el Portal de Transparencia: interfaz tipo app/web con lenguaje sencillo, búsqueda por palabras clave ("sanidad", "educación", "subvenciones a X"), mapas interactivos de gasto por CCAA/municipios, y explicaciones en vídeo corto de cada partida mayor.
  • Publicación automática en tiempo real (o semanal) de ejecución presupuestaria + contratos >50.000 € con beneficiarios reales (evitando sociedades interpuestas).
  • Integrar IA para responder preguntas naturales ("¿Cuánto se gastó en 2025 en asesores ministeriales?") y alertas si hay desviaciones >10% de lo presupuestado.
  • Obligar a auditorías independientes anuales públicas (Tribunal de Cuentas + AIReF) con versión resumida para todos.
3. Promover una educación que incentive no solo conocimiento, sino crítica constructivaLa LOMLOE ya introdujo algo de competencias clave (incluido pensamiento crítico), pero la implementación es desigual y hay críticas por ideologización o falta de rigor. Hay debates en 2025-2026 sobre reducir ratios, bajar horario lectivo y mejorar formación docente, pero poco foco específico en crítica constructiva como eje transversal.Mi enfoque:
  • Incluir obligatoriamente en todos los niveles (Primaria a Bachillerato + FP) una asignatura o módulo anual de "Pensamiento Crítico y Lógica Aplicada": análisis de fuentes, detección de falacias, debate argumentado, ética de la IA y verificación de noticias. No ideológico, sino basado en métodos científicos y filosóficos.
  • Reformar evaluaciones: al menos 30% de la nota en proyectos que requieran argumentar posiciones opuestas con evidencia.
  • Formación obligatoria para docentes en estas competencias (con incentivos).
  • Día Nacional de la Curiosidad para fomentar preguntas abiertas y debate.
4. Reconocimiento público a los mejores investigadores y profesores (no solo dinero, sino horario y conciliación)Hay sexenios, quinquenios, ayudas a estancias, pero la carga lectiva alta, ratios elevadas y precariedad (especialmente en PDI laboral) limitan creatividad y conciliación. Convenios recientes (como el de universidades privadas 2025) mencionan voluntariedad en teletrabajo y conciliación, pero falta generalización.Medidas clave:
  • Para los mejores (evaluados por méritos objetivos, no solo publicaciones): reducción de carga lectiva (máx. 50-60% de la jornada estándar), permisos flexibles para investigación/familia, y "sábados creativos" (días sin reuniones ni docencia para pensar).
  • Reconocimiento público anual: gala televisada + medallas + mención en BOE, con historias personales para inspirar.
  • Fondo específico para conciliación: guarderías en campus, horarios adaptados, teletrabajo parcial garantizado para cuidadores.
  • Vincular promoción y complementos a impacto real (patentes, transferencia, calidad docente medida por alumnos y pares), no solo a papers.
Estas cuatro medidas se refuerzan mutuamente: un judicial independiente vigila la transparencia; una ciudadanía educada en crítica la exige; y unos investigadores/profesores motivados generan el conocimiento que alimenta todo. Si se implementaran con urgencia y consenso (o al menos con mayoría cualificada), cambiarían el país de verdad.
Los jueces, los cuerpos de seguridad del estado, los investigadores  y los profesores son los que más pueden hacer por el bien de todos, si los políticos realmente buscan el bien común y no su propio bien.
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